Imaginaos la cantidad de situaciones que se pueden dar en estos supuestos. Viajes que nuestros clientes nos reservaron hace varios meses para viajar en el puente están pagados y requetapagados a la mayorista quien a su vez ha podido pagar ya a sus proveedores: hoteleros, transporte aéreo, receptivo encargado de traslados y excursiones etc. Devolver el dinero supone un peregrinaje recolector, difícil de hacer en 30 días.
Otras veces incurrimos en gastos de cancelación que vamos a tener que pagar obligatoriamente. Imaginad un hotelero por ejemplo que nos reservó las habitaciones pero cuyos clientes jamás llegaron al destino por la falta de vuelos. ¿Es lógico que el hotelero nos aplique unos gastos de cancelación por no presentación del cliente? Pues es difícilmente refutable, pues en ningún caso le hemos dado el tiempo o la oportunidad de buscar clientes por otras vías. ¿Qué nos está pidiendo la ley? Qué paguemos al cliente el 100% del importe del paquete turístico sin considerar la posibilidad de que los organizadores del viaje, podemos estar incurriendo en gastos ante nuestros proveedores.
No quiero entrar en los mil casos que se están dando ante esta grave situación y que de entrada van a afectar a la tesorería de muchísimas empresas. Sabemos que a muchas pequeñas agencias esto les va a costar la bajada definitiva de persiana pues no podrán responder ni ante sus clientes, ni ante la ley. Y todo esto teniendo en cuenta que no se están en ningún caso quedando con el dinero de sus clientes, es que no lo pueden recuperar o bien se verán involucradas en gastos de cancelación a los que no podrán hacer frente si cumplen la ley.
¿Y porqué os cuento todo esto? Me preocupa la ligereza con que el tema de las responsabilidades de la ley de viajes combinados está siendo tratado por el sector del enoturismo (y seguramente por otros como el turismo rural, turismo activo etc.) Las administraciones animan a los agentes locales a crear producto diversificando (razonable), los actores locales espabilan y montan producto enriqueciendo el suyo con un restaurante, un alojamiento rural, una cata, una visita a una bodega, una actividad etc. Esto puede ser realmente peligroso, pues el organizador (supongamos la bodega que ofrece un paquete de fin de semana) pasa ser responsable ante el viajero y ante la ley, y debe responder como organizadora ante cualquier situación, al margen de quién originó el problema y encima sin ningún título, ni licencia para ello.
No discuto la idoneidad de la Ley de viajes combinados pero la ley existe y hay que acatarla, lo que significa conocerla. Por eso creo que hay que transmitir desde las Rutas del vino, desde las administraciones turísticas y locales, los graves riesgos que su incumplimiento puede acarrear.
Si esto me parece importante, más importante aún me parece contarles a nuestros bodegueros, a nuestras casas rurales, a los hoteleros que trabajan en territorios de vino, a las empresas de actividades que forman parte de nuestras Rutas, cómo diversificar su producto, cómo enriquecerlo, cómo generar nuevas vías de trabajo cumpliendo la normativa y sin poner en peligro su pervivencia y hasta su patrimonio personal.
Soy una ferviente defensora del papel de los receptivos locales, una figura clave para solucionar muchos de los problemas de los que venimos hablando. Hace muchos años que simultaneo mi trabajo en turismo emisor con el receptivo, hace muchos años también que he trabajado en la formación y desarrollo de receptivos y de guías especialistas y creo que potenciar estas figuras, formar a profesionales del “incoming” sería una de las mejores labores para regularizar y potenciar el sector del enoturismo. Ah y por cierto, creo que ésta es una labor que hay que hacer hablando con el sector del turismo, con las escuelas de turismo, con la universidad etc..
No quiero que se me olvide desearos a todos una feliz navidad y unos días de buenos vinos, buenos amigos y buenas personas.
(c) Alicia Estrada, 2010.
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